El
campo mexicano debe ser un campo, en el que haya campesinos mexicanos. Nada
peor e inhumano puede ser, que los campesinos de nuestro suelo patrio, vayan a
distancias lejanas, de sus casas, sus familias y comunidades, a sembrar las
tierras de otros países.
El
Partido Humanista tiene sus orígenes, en organizaciones agrarias: UNIMOSS y
CODUC, han sido entidades de la sociedad civil, que no solamente se han dedicado
a la gestión económica de la administración de la tierra y de su respectiva generación
de la riqueza, sino que también, ha sido testigo de esa desigualdad social y
económica que impera en el campo mexicano, ha observado como existen empresas
con tierras de capital privado, que con recursos propios o financiamiento
público, se dedican a exportar para satisfacer la demanda de los consumidores
de Estados Unidos, Canadá y Japón principalmente; pero también ha visto, un
pequeño grupo de productores del autoconsumo, cuyas ganancias en la venta del
maíz, del frijol y del chile, son cada vez más pequeñas.
La
política agroalimentaria se relaciona directamente con uno de los derechos
económicos y sociales más importantes: “El derecho a la alimentación”. Éste
implica el reconocimiento, protección y garantía a todas las personas de tener
acceso físico y económico, como individuos y como grupos, todos los días y
durante toda su vida, a una alimentación en cantidad, sanidad y en calidad
adecuada y suficiente. Al menos, existen por lo menos más de 15.2 millones de
habitantes en el Estado que deberían ejercer este derecho de manera digna, algo así como aproximadamente, 3.6 millones de
familias diariamente.
Este
derecho también implica la posibilidad de contar con los medios necesarios para
producir alimentos. Dicho derecho, se encuentra plenamente reconocido en el
artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En
ella establece: “Toda persona tiene
derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo
garantizará”.
El Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra en su
artículo 11, el derecho a la alimentación, e incluye, entre la medidas que los
estados miembros deben adoptar, (i) la mejora de los métodos de producción,
(ii) la conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de
los conocimientos técnicos y científicos, (iii) la divulgación de principios
sobre nutrición y (iv) el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes
agrarios, de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces de
las riquezas naturales. Asimismo, (v) los estados parte de la ONU han de
asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con
las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los
países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.
El Estado
de México tiene una superficie de 22,499 Km2, que equivale al 1.1% del territorio
nacional; de esta superficie, 8,858Km2 se destina usos agrícolas, y de estos,
el 79.27% se dedica a la agricultura temporal, el 20.73% a la de riego. En el
campo mexiquense, habita el 13% de la población estatal, empleándose en el
sector primario aproximadamente el 5% d la población económicamente activa.
El
Estado de México cuenta con 872 mil hectáreas sembradas y 669 mil hectáreas cosechadas.
Cabe señalar que la tendencia en el campo mexicano, es ir reduciendo el número
de hectáreas de superficie tanto sembradas como cosechas, pues tan solo en el
año 2003, eran 915 mil hectáreas de siembra frente a 897 mil de cosecha. Ahora
bien, de las tierras sembradas, el 56% corresponde al maíz, 21% a diversos
cultivos y el 10% a pastos; las principales cosechas que se obtienen, son de pastos,
(2.6 millones de toneladas), avena forrajera (1.5 millones de toneladas) y maíz
0.6 (millón de tonelada). Sin embargo, tanto los niveles de producción como el
valor de la misma, ha ido decayendo en los últimos diez años.
Programas
Sociales como PROCAMPO destinaron al Estado de México, en el año 2011, la
cantidad de 459.8 millones de pesos, pudiendo generar una producción pecuniaria
valorada en 12 mil 752 millones de pesos; de esa cantidad, 2 mil 738 millones de
pesos corresponden al maíz y 1 mil 178 millones de pesos a los pastos.
Respecto
a las actividades ganaderas, el Estado de México es un gran productor de carne;
tan sólo produce anualmente 101 mil toneladas de carne en canal de gallináceas
(pollo), bovino 43 mil, 20 mil toneladas de porcino, 8 mil de bovino; en
derivados de estos, 482 millones de litros de leche de vaca, 14 mil toneladas
de huevo.
La
productividad del sector agrícola en el Estado de México es del 19%, inferior
al 25.7% nacional.
El
Estado de México, cuenta con una Secretaria denominada de “Desarrollo
Agropecuaria”, el cual recibió en el año 2015, un presupuesto de 2 mil 3
millones, 497 mil 490 pesos. Dicha dependencia
de la administración pública, creó el Fideicomiso para el Desarrollo
Agropecuario, (FIDAGRO), organismo público descentralizado con personalidad jurídica
y patrimonio propio, cuyo principal objetivo es el de ampliar los diferentes
apoyos que demandan los productores mexiquenses. Asimismo dicho programa se ha dedicado a fomentar
la actividad agrícola y pecuaria, realizando apoyos a los productores para la adquisición
de semillas, fertilizantes, maquinaria, adquisición de vientres, producción y
siembra de crías,
La
producción agrícola en el Estado de México y el valor de ésta, se ha ido
reduciendo gradualmente en los últimos diez años. El precio de algunos
productos como el arroz, el frijol, el maíz, el sorgo y el trigo, eso no se
redujo, sino que aumento. (El maíz más del doble, el sorgo, al triple).
Los
créditos otorgados a los productores del campo, han aumento considerablemente,
casi al doble. De 325 mil beneficiarios que había en el 2008 a unos 622 mil
para el 2014, no se diga el dinero destinado para ello, de 3 mil millones de
pesos, a 7 mil 531 millones de pesos. En teoría pues, el campesino se le apoya
más, pero produce menos.
Aunado
a la situación de pobreza y carencia de alimentos suficientes para vivir una
vida digna existe otro aspecto de igual preocupación que afecta el derecho a la
alimentación en nuestro país: la calidad alimenticia de la dieta de los
mexicanos, particularmente la de la niñez y las mujeres adolescentes,
gestantes, puérperas y en climaterio. Esto ha traído graves problemas de
sobrepeso y desnutrición en la población tanto rural como urbana. En su reporte
de 2014 sobre alimento y nutrición mundial, la FAO señala que el sobrepeso en
la población mexicana asciende a un 67% en mujeres y un 68% en hombres.
b. Propuestas
Resulta
necesario evaluar las políticas públicas implementadas en el Estado, de manera
coordinada y articulada entre la producción agrícola y ganadera sustentables o
Política Agroalimentaria Integral, la Política de Desarrollo Social, Seguridad Humana,
así como la Política Económica, Fiscal y Educativa.
1 Apoyo a la producción agrícola
familiar con énfasis en el empoderamiento de las mujeres
Esta
propuesta contempla las Políticas Públicas Agrícolas como medios eficaces para
la lucha contra la pobreza alimentaria rural y de, manera indirecta, la urbana.
Un primer paso sería el apoyo a productores agrícolas familiares; la revisión y
en su caso, el cumplimiento, de aquellas normas que regulan el uso y tenencia
de la tierra por parte de las mujeres.
El Estado
de México ha impulsado el Programa de Apoyo a la Mujer en Áreas Rurales, el
cual tiene como objetivo, que las mujeres inicien actividades producción y
servicios mediante la entrega en especie de maquinaria, equipo, herramientas,
semovientes, infraestructura técnica y capacitación. Al respecto, dicho
programa ha implementado, la construcción
de micro túneles de 60 m2, equipados con sistema de riego, un paquete de 10
semillas de hortalizas, acompañado de asistencia técnica gratuita por 7 meses,
que equivale a la cantidad de $9,500.00 (Nueve mil quinientos pesos 00/100 MN);
de igual manera, apoyo para el establecimiento de huertos frutales, equipados
con sistema de riego por goteo y tijeras de poda, acompañado de asistencia
técnica gratuita por 7 meses, cuyo apoyo se valora en $800.00 (Ochocientos pesos).
Sin
embargo hasta el día de hoy, los programas públicos orientados al sector rural
han sido principalmente asistencialistas, caracterizados por la implementación
de proyectos con un índice muy bajo de sobrevivencia y convertidos en negocios
electorales o económicos de unos cuantos. Se propone, por tanto, evaluar dio programa,
a efecto de que el mismo, sea realmente para el empoderamiento de las mujeres
en áreas rurales en el Estado de México.
2 Participación ciudadana en la lucha
contra la pobreza alimentaria
Aliviar
el problema del hambre implica una acción directa y cotidiana, pues muchas
personas se encuentran en situaciones dramáticas de hambre y desnutrición. Se deben
aprovechar las fuerzas vivas de los grupos de la sociedad civil que se dedican
a esta labor: Organizaciones no gubernamentales, programas universitarios o,
simplemente, grupos de personas con buena voluntad.
El
Estado de México a través de la Secretaria de Desarrollo Social ha impulsado el
Programa de Seguridad Alimentaria en el Estado de México, el cual tiene como
objetivo, favorecer el acceso a alimentos en personas que viven en condición de
pobreza multidimensional, mediante la entrega de canastas alimentarias;
adicionalmente, pretende contribuir a la
organización comunitaria, a mejorar los hábitos de nutrición y consumo, así
como al apoyo solidario a la población de la entidad en casos de contingencia o
vulnerabilidad. Sin embargo, cabe señalar que dicho programa que tiene un valor
de 457 millones de pesos anualmente, se reduce a la entrega de 1 millón 901 mil
canastas alimentarias.
La
propuesta implementada por el Gobierno del Estado, parece meramente
asistencialista, concretamente a la entrega de una dádiva. Las personas encargadas de estos programas
integrales han de proveer a los participantes con información nutrimental
básica y con una educación mínima para el aprovechamiento eficiente de los
recursos económicos para comprar y producir alimentos. La entrega de dichas
canastas, debe ser ante todo en forma digna, respetando la persona humana, sin
que la misma sea condicionamiento o requisito, de algún otro interés de carácter
político o partidista.
3 Educación alimentaria en las
escuelas públicas y privadas de todo el país
Con
la finalidad de prevenir los riesgos de una población infantil con sobrepeso,
se propone una asignatura universal en nutrición desde los primeros niveles
escolares. Este programa se ha implementado con enorme éxito en países
europeos; cuando un niño relaciona los beneficios de una buena alimentación con
los aspectos físicos, mentales y emocionales, transforma la cultura del comer
por la de alimentarse, viendo este acto no sólo como una buena preparación de
platillos, comer bien y sano, sino como parte del desarrollo físico y emocional
de la persona en todas las etapas de su vida.
El
elemento educativo debe ser impartido en todas las escuelas rurales para que
también se aprendan actividades como el cultivo de frutas y hortalizas y la
producción de animales para consumo.
La
autosuficiencia alimentaria dependerá de retomar la producción dentro del
núcleo familiar con huertos y granjas de traspatio. Esta acción proveerá a las
familias de alimentos sanos y permitirá comercializar los excedentes creando un
círculo virtuoso: alimentos, salud e ingresos adicionales.
4 Fortalecimiento tecnológico del
campo
La
tecnología se divide en dos rubros: organización e ingeniería.
La
capacidad social de organizarse para producir depende de la calidad educativa
de la mano de obra. Por lo tanto, deberá elevarse el nivel académico desde la
educación primaria, así como la capacitación técnica de la población mediante
escuelas, institutos tecnológicos y apoyo profesional de las instituciones de
educación superior del país. La ingeniería, es decir, la infraestructura,
deberá estar vinculada a la calibración de la escala de producción, a su
diversificación y a la elevación de su rentabilidad como resultado de la
articulación tecnológica del sector agropecuario con el industrial y los
consumidores finales.
5. Bancarización y financiamiento rural
Profundizar
la presencia del sistema bancario y de los agentes financieros dispersores de
crédito en el ámbito rural, considerando acciones que permitan a los pequeños y
medianos productores tener acceso a los recursos suficientes y oportunos para
operar sus empresas rurales, destrabar los candados operativos referentes a las
garantías prendarias e hipotecarias, adecuar las leyes para que el proceso de
contratación mediante hipoteca de bienes inmuebles sea a través de contratos
privados, ratificados e inscritos por la autoridad en los Registro Públicos de
la Propiedad y de Comercio de los Estados, tal como funcionaba adecuadamente
hace más de 30 años, ahorrando altos costos que actualmente se generan al ser
obligatorio que los realicen los Notarios Públicos. Consolidar el
financiamiento a empresas del sector rural. Lograr la correspondencia entre una
rentabilidad cada vez más elevada del campo, con tasas de interés cada vez más competitivas
de los costos financieros de los créditos.
6. Fortalecer el papel de sujetos de
crédito de las mujeres en el campo
Creación
y organización de modelos que correspondan a la necesidad de los individuos y
la correlación con el medio ambiente y los mercados disponibles y/o
potenciales. Estas figuras deberán ser el vínculo institucional entre los
productores primarios en las comunidades rurales con los distintos eslabones de
la cadena productiva a la que pertenecen, creando una cultura de
corresponsabilidad empresarial.
Se
debe apoyar y asesorar la conformación de empresas integradoras para asegurar
la participación eficiente y equitativa de todos los miembros de la red de
valor, tanto en términos de derechos como de obligaciones. Esto contribuirá a
que las organizaciones puedan acceder con más efectividad al mercado interno, a
través de vínculos con las redes de financiamiento y comercialización.
7. Tecnificar y calibrar la escala de
la producción agropecuaria en función de los mercados a los que se vincule de
manera orgánica.
Fomentar
institucionalmente a través de las fórmulas legales de figuras organizativas,
la diversificación de productos originados en prácticas de sanidad, de calidad,
contenido nutricional adecuado y de elaboración natural, rompiendo la
dependencia con las prácticas comerciales que fomentan la especialización,
masificación productiva del campo y el declive en la calidad de los productos.
8. Impulsar el uso de pesticidas y
abonos orgánicos en la producción agrícola, a efecto de asegurar los mayores
estándares de salud para las personas y la producción de cárnicos alimentarios
La
agricultura orgánica es entregarse a la tarea de desenterrar y rescatar el
viejo paradigma (no agotado) de las sociedades agrarias que practicaron y
garantizaron durante mucho tiempo la autodeterminación alimentaria de sus
comunidades, a través del diseño de auténticos modelos de emprendimientos
familiares rurales, donde conjugaron sabiduría y habilidades para garantizar la
sostenibilidad y el respeto por la naturaleza, esta misma agricultura, es mucho
más que una simple revolución en las técnicas agrícolas de producción. que
supone cambiar estilos de producción y consumo agropecuario a fin de asegurar
las mejores condiciones de salud de los seres humanos
9. Mejorar el acceso a los recursos
productivos tales como la tierra, la propiedad, los recursos económicos, y las
tecnologías.
Una
forma de incrementar y eficientar la producción agropecuaria es fomentar el
acceso a la educación, ciencia, tecnología y los recursos orientados al campo
en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres; así como fomentar la
capitalización y patrimonialización de los negocios agroalimentarios.
11. Revisar y evaluar los programas tanto federales como locales relacionados con el campo.
Revisar el cumplimiento de los objetivos e los programas sociales diseñados a favor de la producción agropecuaria, a efecto de establecer sus fortalezas y debilidades, así ocmo focos de corrupción en el otorgamiento de los recursos; lo anterior, con el objeto de promover la cultura de rendición de cuentas que los beneficiarios deben rendir, más que fomentar la actitud asistencialista o paternalista de recibir recursos económicos sin obligación alguna.
