POLÍTICA HUMANISTA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El Partido Humanista se compromete a respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a la libertad de expresión de las personas que habitan y transitan en el Estado de México.

El derecho a la libertad de expresión, se encuentra consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en fundamentales instrumentos internacionales en los que México es parte: el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 13 y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que puede, en consecuencia, ser objeto de restricciones. Las restricciones a la libertad de expresión deben ser proporcionales al interés que la justifica y ajustarse estrechamente a ese objetivo. La Corte interamericana ha precisado también las dimensiones del derecho a la libertad de expresión (el derecho a manifestar la propia opinión y recibir informaciones) y una dimensión social (el derecho colectivo a recibir y buscar información). La libertad de expresión puede ser una herramienta para la exigibilidad de otros derechos.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado las dimensiones del contenido del derecho a la libertad de expresión y sus límites, así como la prohibición de la censura previa. Los límites de la libertad de expresión deben hacerse valer a través de la atribución de responsabilidades. Ha destacado también su valor instrumental al subrayar que se trata de un derecho indispensable para la formación de la opinión pública.

Sin embargo, un informe rendido por el Relator Especial sobre la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, visitó a nuestro país en el año 2010, de manera conjunta con el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizando ambos diversas visitas a las distintas entidades de la República Mexicana, entre ellas el Estado de México; emitiendo diversas observaciones, entre ellas, que no se cuenta con un registro público y documentado de crímenes contra periodistas.   

La relatoría de las Naciones Unidas concluye, que es el periodismo local, el que cubre temas de corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico y seguridad pública, en donde sus periodistas reciben mayor cantidad de agresiones, los cuales a su vez, no denuncian dichas faltas, debido a la falta de confianza en la gestión de las respectivas autoridades y también desde luego, por la falta de credibilidad en los resultados.

Entre los casos que detectó el Relator de Naciones Unidas, figura Selene Hernández, periodista del Estado de México, quien apareció ahorcada en un hotel en el año 2008, caso del cual, no se realizó ninguna investigación.

Por otra parte. El informe rendido por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. En los últimos catorce años, han sido asesinados más de 102 periodistas y 24 más han desaparecido.  Cabe señalar que de esos 102 periodistas que fueron asesinados, 4 de ellos fueron en el Estado de México. Si bien la cifra no se compara con las 16 defunciones registradas en el Estado de Chihuahua o las 15 del Estado de Veracruz, no por eso signifique, que la vida de un periodista en el Estado de México, carezca de valor alguno.

De 632 denuncias que ha conocido el Ministerio Público desde el año 2010 a la fecha, respecto a presuntos delitos cometidos en contra de periodistas, 52 de ellos han sido en contra de periodistas del Estado de México.  Cifra que se considera alta, pues 8 de cada 100 denuncias que conoce el Representante Social corresponde a profesionales de la libertad de expresión de nuestro Estado.

Los delitos cometidos en contra de los periodistas mexiquenses, se encuentran por debajo del Distrito Federal y el Estado de Veracruz, con 97 y 58 respectivamente en la estadística nacional; sin embargo, el Estado de México ocupa el tercer sitio de periodistas víctimas de actos delictivos, muy por encima, de estados como Oaxaca (35), Quintana Roo (33), Chihuahua (32), Tamaulipas (26) y Michoacán (22).  

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considera que el asesinato de periodistas y miembros de medios de comunicación, constituye la forma de censura más extrema. El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenaza ni de agresiones físicas o morales u otros actos de hostigamiento.

Finalmente, existen lazos muy fuertes entre las autoridades y los medios de comunicación que son perjudiciales para la independencia y la transparencia de estos últimos. Tan sólo en el Estado de México, el paisaje mediático mexicano también se caracteriza por su falta de pluralismo, ya que Televisa y TV-Azteca poseen más del 98% de las concesiones de televisión abierta (gratuita) y de paga.  Tan sólo datos del Registro Público de Concesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, reporta que las empresas de Televisa, cuentan con una cobertura de 157 canales de televisión en todo el Estado de México, mientras que en el caso de Televisión Azteca, unos  100 canales.   Esta cantidad es notable, con el único canal de televisión que cuenta el Gobierno del Estado de México “TV Mexiquense”.

En  el caso de las radiodifusoras, 17 empresas cuentan con cobertura en el Estado de México, dedicados todos ellos  la radio comercial, no existe por lo tanto, radiodifusoras con fines sociales o comunitarios, mucho menos, órganos de comunicación a favor de la población con identidad indígena.

El control de la radio y la televisión a cargo de monopolios u oligopolios, no solamente deben estar sujetas a las leyes antimonopólicas, sino que también, es una flagrante violación a los derechos humanos, al imponerse opiniones particulares de quienes detentan dichos medios, cerrando toda posibilidad al debate de las ideas y desde luego, al derecho de generar, divulgar y recibir información, a una sociedad que construye su pluralismo y su democracia.

El Partido Humanista cree en la libertad de expresión, el cual es y constituye una piedra fundamental para la vigencia de una sociedad abierta, plural y democrática. En atención a ello, propone:

1.     Legislar la Ley del Periodismo en el Estado de México. A efecto de que en dicho ordenamiento describa:

a)    Las distintas personas e instancias que intervienen en la actividad periodística.

b)    El privilegio de todo periodista de mantener el secreto de la identidad de las fuentes que le hayan facilitado la información. Derecho que solamente podrá ser limitado por decisión judicial, de manera excepcional y justificada, de acuerdo a los derechos humanos previstos en la Constitución y tratados internacionales.

c)     Describir los distintos modos en los que se manifiesta el secreto profesional.

d)    El derecho de todo periodista de hacerse presente en actos públicos, previo cumplimiento de requisitos de seguridad o pago de derechos.

2.     Promover ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el otorgamiento de permisos y concesiones para el uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias de espectro radioeléctrico de uso determinado de recursos orbitales, para la señales de radiodifusión, con propósitos culturales, científicos, educativos y a la comunidad, para el fortalecimiento y preservación de la identidad de los pueblos indígenas, que se ncuentran asentados en los municipios de San José del Rincón, San Felipe del Progreso, Temoaya, Ixtlahuaca y Toluca.

3.     Establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios, en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.

4.     Proponer la discusión en el ámbito legislativo, así como en el ámbito federal con los legisladores mexiquenses del Partido Humanista, la legislción reglamentaria del derecho de réplica de conformidad a lo previsto en el artículo 6 constitucional y a los estándares internacionales.